— Honduras —

Red MOCAPH

Mesa de ONG´s Comanejadoras de Areas Protegidas de Honduras

Entrevistado: Candy Alvarado, Secretaria Ejecutiva de la Red MOCAPH.

Entrevistó: Julia G. Torres Ventura (vía skype)

Fecha: 28 de marzo de 2016

Preguntas para pensar:

¿La administración hegemónica del Estado sirve para la conservación?

¿Es mejor una administración compartida? ¿hasta dónde llegarían las obligaciones de cada parte?

¿Cómo obligar a las partes a cumplir sus compromisos?

Como Red no administramos directamente áreas protegidas, pero sí lo hacen nuestras asociadas. Somos 22 organizaciones actualmente en la red.De las 91 áreas del Sistema nacional de Administración de la Propiedad en Honduras (SINAPH), 51 están bajo comanejo y de ellas 31 están siendo coadministradas por nuestras socias 

Red MOCAPH es una plataforma de incidencia, que nace para dar a conocer las necesidades y problemas que la ONGs comanejadores tienen en común y buscar alternativas de solución mediante propuesta colectivas. El comanejo, es un mecanismo que propuso UICN a varios países, con el fin de que el Estado cediera mediante un convenio las áreas protegidas naturales públicas a organizaciones civiles, organizaciones de base organizadas o gobiernos locales, con el fin de que de manera compartida administrasen financiera y técnicamente un área protegida

Las ONGs que participan son las que cuenten con respaldo jurídico, de reconocida trayectoria en el área protegida, deben contar con el visto bueno de los gobiernos locales y demostrar capacidad técnica-financiera para abordar los temas en conjunto con el Instituto de Conservación Forestal (ICF), quien es el administrador del Estado del SINAPH). En el caso de los Gobiernos Locales, su propia Ley los obliga a participar en la administración de las áreas y también pasan por un proceso de revisión por parte de los analistas legales del ICF

Dificultades:

1. Una de las dificultades más fuertes por las que pasamos es la falta de colaboración y apoyo del gobierno en cuento a las labores que a éste le corresponden. Una vez el Estado entrega en co-manejo un área protegida, prácticamente desaparecen. En el 2008 cuando se creó nuestra Ley Forestal, se crea un mecanismo llamado Fondo para el Manejo de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), éste era un fideicomiso cercano a US$ 2.2 millones. Éste tiene una Junta Administradora (de la cual MOCAPH forma parte), quien es la que determina los proyectos a desarrollar.

Lastimosamente por ser un fideicomiso, nadie se preocupó en los últimos años de apostarle a una fuente de inyección para sostener el fondo. En 2014 se aprobó un Decreto Legislativo que pasaba el 40% de los fondos de ECOTASA (impuestos por introducción de vehículos al país) para el FAPVS, lastimosamente estos ingresan directamente a las arcas del Estado, y de ahí es difícil sacarlo.

En la actualidad, nos hemos acostumbrado a visualizar únicamente el tema de la cooperación por cuotas, y no hemos logrado el potenciar demás servicios con los que nos podemos valer para generar recursos para la misma área protegida. A la fecha, hay un Mecanismo de Compensación Económica Ambiental que se pretende instalar en el Parque Nacional La Tigra y en la Reserva Biológica Yerba Buena. Estas 2 áreas son de las de mayor importancia para el país, abastecen al 40% de la población de la ciudad Capital Tegucigalpa. La intención es que los abonados al servicio de agua potable paguemos un porcentaje que irá a un fideicomiso para manejar las 2 áreas protegidas.

2. Otros retos dentro de las ANPs son:

a) Recurso Humano:En la parte del personal, hemos identificado la falta de capacidades orientadas al manejo de áreas protegidas. Tenemos en el país profesionales en ramas afines, pero no concretamente en áreas protegidas.

b) Avance de la frontera agrícola y ganadera, asentamientos humanos y deforestación (ligado a incendios forestales)

En general en el país, como en otros, el problema es que las Areas Naturales Protegidas no forman parte aún de la Agenda Nacional. Pero sí lo está el turismo y esa es la oportunidad de hacerle ver a nuestros gobernantes que sin estas áreas no podrá seguir vendiendo turismo.

Además, existe escaza implementación de la ley. Hay organizaciones que desde 1988 documentan y realizan sus respectivas denuncias, y a la fecha nunca han sido judicializadas. El principal problema de esta mora, es que los delitos ambientales y forestales no son prioridad, y para desmejorar la situación muchos de ellos cuentan con medidas cautelares sin haber ejercido una penalidad que valiera la pena. Sin embargo el año pasado se creó la figura llamada llama Fuerza de Tareas Interinstitucional contra el Delito Ambiental (FTIA), integrada por el ICF, Ministerio Público y Las Fuerzas Armadas, con el fin de que ellos atiendan toda la mora existente

Algunas lecciones compartidas en el manejo de las ANP son:

1. Un mayor acercamiento con las autoridades del ambiente, a fin de mejorar situaciones muy desagradables que se vivían en las áreas protegidas.

2. Se ha generado un estrecho lazo de comunión con el ICF y a la fecha nos hemos convertido en el brazo técnico en cuanto a la formulación de metodologías y herramientas para el manejo efectivo de las áreas protegidas

3. En el caso de comanejo: nosotros siempre destacamos que el mecanismo ha funcionado en las áreas donde el tema de 'gobernanza local' se ha impuesto sobre cualquier otro factor, incluimos a todos los actores que están dentro del área, en especial municipalidades y comunidades. Tenemos 3 casos en el país, donde Gobiernos Locales han dispuesto el manejar las áreas protegidas con sus recursos propios, creando Mancomunidades (o red de Municipios) que comparten territorio y bienes en común

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